El representante José “Cheito” Rivera Madera curso una misiva a la jueza Laura Taylor Swain, y a la Asistente del Fideicomiso de Quiebras en la Corte Federal de Puerto Rico (Sindico de Quiebras) Monsita Lecaroz-Artibas, en la que solicita examinar el posible conflicto de interés del ex director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Ingeniero José Ortiz Vázquez y la empresa privatizadora de generación eléctrica, Genera PR, LLC
En la comunicación Rivera Madera detalla parte de los eventos que podrían ser constitutivos del proceder impropio por parte de Ortiz Vázquez, que, según alerto, “al menos pudiera rayar en la imprudencia de juicio”.
La divergencia señalada por Rivera Madera surge de las declaraciones realizadas por el representante de la empresa Genera PR, Brannen McElmurray, quien en audiencia celebrada por la Comisión de Planificación de Desarrollo Económico, Telecomunicaciones y Energía de la Cámara de Representantes manifestó que, Ortiz Vázquez, exdirector ejecutivo de la AEE, fungió como su consultor, “porque él posee un vasto conocimiento”. Ante ello, el legislador insiste sobre la importancia de que se examine “particular y rigurosamente” lo concerniente a esta asesoría admitida para garantizar al pueblo y a los demás licitadores pulcritud en el proceso, por lo cual remitió la carta a la magistrada federal que atiende el caso de quiebra de Puerto Rico y a la asistente del síndico de quiebras.
El legislador subrayó haber estado escuchando por años que para conservar el buen nombre del país y la reputación de nuestras instituciones gubernamentales es necesario pagar una deuda de cuestionable procedencia y exactitud; “Entonces, ¿Dónde quedará ese buen nombre imagen y reputación si se diera ahora la impresión al pueblo, banca, empresas interesadas en hacer negocios en la isla y sobre todo a los licitadores de otras empresas que participaron en el proceso, que la compañía seleccionada anduvo en pasos de ventajas y caminos asfaltados, nada más y nada menos que por la misma persona que desde el gobierno, en años anteriores, diseñó, planificó y dirigió el proceso de privatización? Es necesario escudriñar y despejar dudas,” sostuvo Rivera Madera en torno al objetivo de su carta.
El representante hizo referencia, además, al Artículo 1.8 de la Ley 17-2019, -ley de Política Pública Energética- la cual determina que ningún ente privado podría administrar más de un 50 por ciento de los activos de la AEE. En este caso, Genera PR, LLC estará controlando el 69% de la generación de energía eléctrica de Puerto Rico creando una situación ilegal con respecto al referido estatuto.
“Creo firmemente que estos hallazgos merecen ser traídos a usted, con respecto a su importante papel en la evaluación de las finanzas públicas de Puerto Rico y las malas acciones y actos ilegales de unos pocos que, estaban a cargo del gobierno y ahora están tratando de enriquecerse a expensas de nuestra miseria”, manifestó Rivera Madera en su Misiva.
