El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, denunció hoy, miércoles, el trámite irregular y contrario la ley que culminó en el referido a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) del representante del distrito 23, José “Cheíto” Rivera Madera, por este último ejercer su libertad de expresión y responder a los reclamos de la comunidad alseñalar la construcción en un horario ilegal de una torre de telecomunicaciones en el municipio de Guayanilla por la compañía Elite Towers, LLC.
“El Departamento de Seguridad Pública (DSP) realizó una investigación deficiente y permitió que sus empleados y oficiales comparecieran ante el Departamento de Justicia a mentir bajo juramento, conforme a una investigación claramente arbitraria, para proteger a sus propios funcionarios y empleados que, el 10 de mayo de 2023, día de los hechos imputados, permitieron que la compañía Elite Towers, LLC incurriera en actos ilegales. Esa es la verdad”, sentenció Hernández Montañez.
El referido a la OPFEI se fundamenta en una alegada violación al Artículo 200 del Código Penal que sanciona como delito grave “impedir, temporera o permanentemente, cualquier obra de construcción… que cuente con los permisos o autorizaciones o endosos de las agencias concernidas.
“No obstante, el 10 de mayo de 2023, la compañía Elite Towers, LLC no tenía ningún permiso, autorización o endoso para realizar trabajos de construcción entre las 10:00 p.m. a 7:00 a.m., como lo exige el Reglamento 8019 de 9 de mayo de 2011, conocido como Reglamento para el Control por la Contaminación por Ruidos”, indicó el presidente de la Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Suroeste, Ángel “Tito” Fourquet Cordero.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Transportación, Obras Públicas e Infraestructura de la Cámara, Gretchen M. Hau, expuso que “la presencia pacífica del representante Rivera Madera únicamente pretendía notificar al Negociado de la Policía sobre el estado de derecho vigente y exigir que, en protección de la salud y el bienestar de sus constituyentes, se hiciera cumplir la ley”.
Los representantes expresaron que el “DSP tiene mucho que explicar, incluyendo por qué NUNCA citó al representante Rivera Madera a ofrecer su testimonio, a pesar de su disponibilidad irrestricta y la existencia de prueba conflictiva que demostraba que la alta oficialidad del Negociado de la Policía incumplió con la ley”.
Además, Hernández Montañez dijo que “el DSP tiene que explicarle al país por qué no divulgó la existencia de prueba exculpatoria en una figura que se identificó como el teniente Irrizary, quien estaba a cargo del operativo y le reconoció al representante Rivera Madera que la compañía Elite Towers, LLC no tenía los permisos, autorizaciones o endosos requeridos para realizar estos trabajos”.
“Este proceder arbitrario y abusivo provocó la movilización de la maquinaria del Estado, el arresto ilegal de tres manifestantes y la violación de las nociones básicas a un debido proceso de ley y la igual protección de las leyes garantizadas en nuestra Constitución”, declaró Fourquet Cordero.
Hernández Montañez reiteró que el representante Rivera Madera no cometió ningún delito, nunca entró a la propiedad privada, no existía ningún perímetro o área acordonada, nunca ocupó terrenos, maquinarias o espacios, y nunca impidió la entrada o el acceso de empleados, vehículos o personas.
“Le corresponde al DSP explicar bajo qué autoridad ordenó la movilización de cientos de agentes de la Policía a proteger la construcción de una torre de telecomunicaciones que no tenía los permisos requeridos, quién dio esta instrucción y bajo qué disposición legal se eximió a la compañía Elite Towers, LLC de cumplir con la ley y la reglamentación vigente, a pesar de que nuestro ordenamiento no permite este curso de acción”, agregó el líder legislativo.
Asimismo, precisó que en esta etapa de los procedimientos le corresponde a la OPFEI actuar con prudencia en la investigación de unos hechos que están totalmente protegidos por la Constitución y la jurisprudencia interpretativa. “La evaluación realizada por nuestros abogados confirma que no existe la prueba mínima requerida para superar una vista de determinación de causa probable para arresto y mucho menos alcanzar el estándar de prueba más allá de duda razonable en una etapa de juicio”.
“Muy pronto el país conocerá quiénes son los verdaderos criminales cuando se divulgue la identidad de los funcionarios del DSP que dieron instrucciones para proteger a una compañía constructora que actuó en menoscabo de la ley y que ahora pretenden utilizar el poder del Estado para proteger sus cuestionables actos”, concluyó el trío de legisladores.
