El Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR) solicita la aprobación del Proyecto del Senado 893 (P.S. 893) que contiene la Carta de Derechos y Responsabilidades de las Personas Profesionales del Trabajo Social en Puerto Rico en el interés de garantizar el acceso y la calidad de los servicios sociales que se le ofrecen a la ciudadanía, así como sentar las bases para que los y las profesionales del Trabajo Social ejerzan en condiciones laborales dignas.
“Es imperativo reconocer que las actuales condiciones laborales del Trabajo Social impiden realizar nuestras funciones de la mejor forma posible”, explica Krystal Pérez Martínez, presidenta de la Junta Directiva del CPTSPR. “Por ejemplo, es constante la falta de recursos, tanto técnicos como humanos, la sobre carga de casos por la ausencia de reclutamiento, espacios de trabajo deteriorados e insalubres, poca o ninguna seguridad a la hora de manejar casos y/o situaciones peligrosas, inestabilidad en el empleo por cambios político-partidistas y la sustitución de plazas de Trabajo Social por la de manejadoras de casos y salarios de miseria” añadió Pérez Martínez.
Estas situaciones limitan el pleno ejercicio profesional y afectan implacablemente la salud física y mental de las trabajadoras sociales en Puerto Rico. “Además, muchos profesionales fueron de las primeras personas en responder en las recientes emergencias en el país, como fueron los huracanes Irma y María, los terremotos y la pandemia del COVID 19”, destacó Pérez Martínez. “Dada la indispensabilidad de los servicios que ofrecemos, y a su vez, las lamentables y precarias condiciones laborales, es que surge este proyecto de ley”.
El Proyecto del Senado 893 tiene como meta adelantar la protección de las personas profesionales de la explotación laboral y de cualquier presión externa que pueda empujarlas a cometer faltas éticas. “Este proyecto es un paso afirmativo para declarar y reconocer los derechos que debe tener todo profesional del trabajo Social. Este proyecto, no sólo persigue reconocer derechos básicos para quienes somos profesionales de esta carrera, sino que, además, establece las responsabilidades que son parte del compromiso ético y político profesional”, enfatizó la presidenta del Colegio.
Las problemáticas planteadas por quienes ejercen el trabajo social han conllevado el mismo resultado que en otras carreras: la migración forzada. “Además, en el caso de algunos profesionales que están abandonando total o parcialmente la profesión ya sea de forma voluntaria o involuntariamente, nos encontramos que están ocupando espacios laborales fuera de su preparación”, mencionó la presidenta de la Junta.
Según Pérez Martínez si este patrón continúa, “la provisión de servicios esenciales en áreas de salud, seguridad, protección, bienestar, prevención, vivienda y educación seguirá deteriorándose. “Es imprescindible comprender, la estrecha relación que existe entre un Trabajo Social equipado, fortalecido y saludable; y la defensa de los derechos sociales de la ciudadanía”, finalizó.