La Comisión de Salud, atendió hoy, miércoles en una vista pública el Proyecto de la Cámara 1176, que busca adoptar y promulgar herramientas para garantizar la salud y seguridad de los pacientes de diálisis.
A la audiencia pública, presidida por la representante Sol Y. Higgins Cuadrado, compareció el Departamento de Salud (DS); el Departamento de Seguridad Pública (DSP); el Consejo Renal; y Fresenius Medical Care.
La legislación en discusión propone la creación de un Protocolo de Emergencia Salubrista para Pacientes de Diálisis en Puerto Rico, para establecer un plan coordinado con las agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas pertinentes, y con las instituciones y organizaciones que ofrezcan tratamiento de diálisis, o servicios análogos para garantizar, durante una emergencia, la atención urgente y adecuada a cualquier paciente que dependa de un tratamiento de diálisis.
Ante esta posibilidad, la directora de la Oficina de Preparación y Respuesta de Salud Pública del DS, Shirley Esquilín Carrero mencionó que el proyecto en discusión es uno que “persigue garantizar el bienestar de los pacientes renales”. Sin embargo, sugirió que la medida sea enmendada de manera que esté alineada con el andamiaje desarrollado e implementado por el DS y los miembros de la Coalición, garantizando su continuidad.
“Este documento busca establecer procedimientos para la coordinación rápida y efectiva entre las instituciones o facilidades que prestan el servicio de diálisis durante un incidente o evento”, sostuvo la funcionaria.
De esta manera, indicó que la agencia gubernamental se encuentra en el proceso de integración de las unidades de diálisis dentro de la plataforma EMResource, la cual permite el intercambio de información y el conocimiento situacional entre el DS, las unidades renales, Coalición Renal (PREPARAR-C) y las entidades de apoyo durante emergencias.
Surge de la exposición de motivos de la medida, que según datos provistos por el Informe Estadístico para el año 2020, elaborado por el Consejo Renal de Puerto Rico (CRPR), aproximadamente 6,500 personas requieren tratamiento de diálisis en el país.
Por su parte, la asesora legal del DSP, Omara Arias expuso que lo propuesto en la medida es un asunto dentro de las facultades inherentes del DS. “Es decir, el propósito de este proyecto de ley no es un asunto dentro de la jurisdicción de DSP”.
Respecto a este protocolo, Arias destacó que el Secretario del Departamento de Vivienda (DV), a través de la Oficina del Manejo de Emergencias, es responsable de la activación del plan de operaciones de emergencias a cargo de Emergency Support Function (EFS), y entre las tareas está como coordinador de servicios de emergencia y cuidado colectivos a los refugios y canalizar la distribución de donativos en estos y zonas afectadas, entre otros.
Por otro lado, la directora interina del CRPR, Nilsa Ortega enfatizó en su memorial explicativo la mortalidad de los pacientes renales. “Tras el huracán María, estadísticas del DS y del US Renal Data System mostraron un incremento de pacientes renales”.
Entre tanto, Ortega planteó que el protocolo propuesto en la medida, “no se limite a la población renal bajo tratamiento de diálisis en las diversas unidades de diálisis, sino que contemple justamente a los que se dializan en el hogar, aquellos que se encuentran en etapas tempranas de la enfermedad y trasplantados, y sobre todo menores de 18 años”.
De igual forma, recomendó que los pacientes renales de Puerto Rico deberían tener una identificación. “Es importante contar con una tarjeta física o digital que identifique al paciente, no solo para el recibo de servicios de diálisis, sino para servicios de transporte de emergencias a través de municipios, agencias gubernamentales a nivel estatal u otras entidades sin fines de lucro”.
Ante esto, el representante novoprogresista, Luis Jr. Pérez Ortiz cuestionó qué tipo de identificación sería la ideal para identificar a los pacientes renales, a lo que Ortega respondió que sea una tarjeta que esté al rápido alcance de los pacientes renales, especialmente en momentos de emergencias.
Ortega anunció que el CRPR se encuentra trabajando en un proyecto junto a la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), con fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para la construcción de un ‘safe room’ para pacientes renales en tiempo de emergencias, que debe integrarse al protocolo propuesto, una vez se complete para, aproximadamente, el año 2025.
Mientras tanto, el director de mercado, Carlos Torres de Fresenius Medical Care (FMC) – principal proveedora de servicios y productos de diálisis, destacó que un protocolo revisado y atemperado a la situación actual es necesario para responder inmediatamente. “Ante la falta de un protocolo uniforme para atender a estos pacientes, tuvimos que hacer múltiples gestiones para que las autoridades y manejadores de emergencia comprendieran la necesidad de nuestros pacientes de acceder a servicios de energía eléctrica, agua, suplidos de gasolina, transportación y otros servicios para atender la situación”.
Al finalizar, la presidenta de la Comisión, Higgins Cuadrado, hizo un llamado a los municipios a que tengan un protocolo para que colaboren en la coordinación de la transportación para los pacientes de diálisis. “Es importante que cada alcalde y alcaldesa tenga un protocolo para atender y transportar a estos pacientes”, puntualizó la legisladora.
