La Comisión Especial para la Monitoría Legislativa del Programa de Educación Especial del Departamento de Educación (DE) realizó una vista pública para atender la Resolución del Senado 42 que propone investigar la falta de diligencia en el desembolso de pagos adeudados por servicios brindados a estudiantes del Programa de Educación Especial.
“Hemos convocado para discutir el tema del retraso de pagos de aquellos servicios que le corresponden a los estudiantes de educación especial. Estos retrasos, en ocasiones, demoran meses. El asunto ha llegado a la gravedad de que hay instituciones que no pueden seguir recibiendo estudiantes”, enfatizó la presidenta de la comisión, María de Lourdes Santiago Negrón.
La senadora explicó que el DE tiene dos maneras para pagar: pago directo a la institución, siendo el colegio quien envía la factura a la agencia; y el reembolso, proceso en el que las familias le pagan a la escuela privada y luego llevan la factura al Departamento.
Durante su ponencia, la Fundación Pequeño Campeón de Jesús, organización sin fines de lucro que brinda servicios a niños con necesidades especiales mediante el modelo del DE, expuso que durante este año académico 2022-2023, el primer pago que recibió fue el 9 de enero de 2023; seis meses después y solo desembolsaron un mes de lo facturado.
Posterior a esto, durante el año académico 2014-2015, no recibieron pagos, lo que provocó que tuviesen que recurrir a una Vista Administrativa en la que el Juez Administrador emitió una resolución de pago directo en mayo de 2015, según el director escolar David E. Jiménez Toro. Asimismo, en agosto de 2015, la División Legal del Departamento de Educación Especial denegó las facturas para pagos por depósitos directos, lo que provocó que el Tribunal Apelativo sometiera una resolución a favor de los padres para que el DE pagara por compras de servicios y no por reembolso.
“Es frustrante porque el Departamento de Educación es la agencia que más fondos recibe anualmente y se supone que se utilicen para brindar un servicio de educación de excelencia y digno para todos los niños”, comentó el director Jiménez Toro.
La misma situación la enfrenta Caguas Learning Academy, institución sin fines de lucro que, desde el 2006, brinda servicios al programa de educación especial. Desde el 2016, participan del programa de compra de servicios educativos en la modalidad de reembolso, lo que significa, según su ponencia, que los padres pagan por el servicio y luego el DE reembolsa el dinero pagado por la educación delineada en el Plan Educativo Individualizado del estudiante y los servicios brindados. Posterior a esto, pasan a la opción de pago directo a la institución, modalidad que el DE creó para “poder ubicar a estudiantes de emergencia en instituciones únicas, que brindan servicios especializados, menos restrictivos y que se ajustan a las necesidades del estudiante”.
En cuanto a los pagos que no se pueden reconciliar, la directora de la institución indicó que no hay concordancia con lo que se envía en la factura, puesto que el DE emite pagos menores a lo facturado.
Por otro lado, los directores de estas instituciones denunciaron que el Departamento no ha emitido el pago para asistentes de algunos de sus estudiantes, pese a que están aprobados en minutas y en el PEI de cada alumno. Del mismo modo, sostienen que la falta de pagos afecta la estabilidad de sus instituciones; los salarios de sus educadores, asistentes, enfermeros, terapistas, entre otros; y los costos asociados a líneas de crédito para cumplir con estas cantidades dado a la falta de puntualidad en los pagos del Departamento.
“Estos niños llegan a estas instituciones porque la máxima autoridad educativa en el país se niega a darle los servicios que necesitan. ¿Quién tiene todo el dinero para ofrecerle estos servicios? El Estado, pero colocan a trabajar a personas que no conocen nada sobre educación especial para hacerle la vida de cuadrito a los niños, y el Estado debe entender que estos niños se van a quedar niños, aunque tengan 30 o 40 años. Estar en un salón con un niño con diversidad funcional le abriría los ojos a cualquier persona en el país. Estamos en un estado de emergencia real”, expresó Fernández Santiago.
Como parte de los deponentes, la comisión convocó a la Secretaría Asociada de Educación Especial del Departamento de Educación, Jessica Díaz Vázquez, pero la doctora solicitó que se le excusara de los trabajos por eventos previos en el DE.
“La comisión citó a Educación y no vino, y tienen que rendir cuentas sobre cuáles son los procesos administrativos que parecen ser muy elemental. Eventualmente, debería comparecer el Departamento de Hacienda y que nos explique su responsabilidad. Hasta ahí llega el trabajo que podemos hacer aquí. Desde el Senado no podemos meter a nadie preso por violación de derechos humanos, pero el tribunal puede y ha escogido no hacerlo. Hay cerca de 100 mil niños con diversidad funcional y no reciben los servicios”, enfatizó la también portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
Los senadores Juan Zaragoza Gómez, Migdalia Padilla Alvelo y Rafael Bernabe Riefkohl participaron de los trabajos de esta comisión.
