El Ombudsman de Puerto Rico, Edwin García Feliciano, catalogó como desarticulada, fragmentada y carente de una visión de avanzada, la respuesta pública, social e institucional, ante el acelerado envejecimiento de la población en la Isla.
Con casi una tercera parte de los habitantes catalogados como adultos mayores, García Feliciano alertó que Puerto Rico opera sin una estrategia robusta y vanguardista que articule servicios adecuados para un sector que hoy se debate entre el abandono, el embate de enfermedades crónicas y un lacerante rechazo social por razones de edad.
“No podemos voltear la mirada mientras nuestros viejos quedan rezagados en la periferia de la política pública y el amparo social. La demografía nos exige una transformación estructural inmediata, con la inclusión de todos los sectores e instituciones”, reclamó con firmeza.
El Procurador del Ciudadano fue enfático al señalar que, si bien el Estado tiene una obligación constitucional ineludible, las estadísticas oficiales demuestran que el gobierno no es el único responsable de esta crisis multifactorial.
Por ello, hizo un llamado urgente a las instituciones sociales, las organizaciones de base de fe, el sector comercial, las industrias, las familias y a la ciudadanía en general, para que asuman la cuota de responsabilidad que les corresponde ante un panorama demográfico que, evidentemente, no va a disminuir.
A juicio del Ombudsman, la protección de la vejez es un deber colectivo y moral que compete a todo el tejido social de Puerto Rico, pues la indiferencia comunitaria y el desentendimiento familiar, agravan la vulnerabilidad de esta población.
“Para que aspiremos a tener adultos mayores que vivan con dignidad, no solo basta con reconocerlo. Hay que entender que además es necesaria una capacitación económica agresiva con planes de retiro adecuados, planes médicos que le permitan a los jovenes de hoy, llegar a la adultez mayor, en las mejores condiciones de salud posibles”, sustentó, al tiempo que reclamó un aumento significativo en la aportación que le hace el gobierno a la mayoría de los empleados públicos, que hoy dia es de solo $125.00 mensuales.
Indicó el Procurador que apremia una supervisión mucho más directa y constante sobre los centros de envejecientes y de cuidado diurno, como el apoyo indispensable ante el cansancio y agobio emocional de los cuidadores.
Para ilustrar la desconexión sistémica, García Feliciano denunció cómo los servicios esenciales ignoran las particularidades del adulto mayor en momentos de crisis.
“Cuando el servicio de agua falla, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) establece camiones cisterna y puntos de oasis, una solución que parece lógica, pero que resulta cruel e inaccesible para un envejeciente encamado o que reside en un edificio multipisos, incapaz de salir a la calle a cargar cubos de agua escaleras arriba”, cuestionó.
De igual forma, sentenció el impacto adverso de la privatización energética, donde LUMA Energy ha eliminado las oficinas comerciales presenciales, despojando a los adultos mayores de una atención personalizada vital.
“Una avería eléctrica o una factura errónea no es solo un trámite administrativo. Para nuestros viejos, puede significar quedarse sin la energía necesaria para operar las máquinas médicas que sostienen su salud y su vida”, apuntó.
Dijo que la crisis de seguridad y el desamparo también se reflejan en el ámbito criminal, presentando desafíos inéditos para la Policía de Puerto Rico. Específico que los adultos mayores se han convertido en el blanco principal de esquemas sofisticados de fraude y robo de identidad, pero también, de la manifestación más cruda de la violencia: los robos domiciliarios perpetrados con golpes, amenazas psicológicas y, en los escenarios más trágicos, la muerte.
“Esta vulnerabilidad extrema en sus propios hogares, evidencia que los protocolos de seguridad actuales se han quedado cortos ante la agresividad y el oportunismo de la criminalidad moderna, que se ensaña deliberadamente con quienes menos pueden defenderse”, admitió con sumo pesar y preocupación.
Sugirió además que el Departamento de Recreación y Deportes masifique el uso de instalaciones recreativas con disciplinas de ejercicios, juegos y deportes aptos para que la población adulta tenga capacitación física y evitar la soledad.
Ante este preocupante panorama, García Feliciano recordó los compromisos internacionales que obligan a los pueblos a actuar con rigurosidad y compasión.
“Tanto la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), procuran de manera enfática que los países defiendan, prioricen y garanticen los derechos humanos de los sectores más vulnerables. Sin embargo, tenemos que ser realistas y honestos: el gobierno no puede hacerlo solo. Necesitamos una sinergia total donde el sector privado sea empático, la iglesia actúe como red de apoyo, y las familias no deleguen su obligación afectiva y legal en el Estado”, sentenció el Procurador con vehemencia.
Finalmente, el Ombudsman urgió a la Asamblea Legislativa y al Ejecutivo a convocar con urgencia una mesa de trabajo multisectorial para redactar un Plan Estratégico de Avanzada para la Tercera Edad.
Este esfuerzo, siguió diciendo, no debe limitarse a asignar fondos ordinarios, sino a reestructurar el andamiaje legal del país como cambiar el paradigma de la responsabilidad social, garantizando que el diseño de servicios públicos, la infraestructura tecnológica, los sistemas de respuesta a emergencias y el apoyo ciudadano se configuren con una perspectiva empática y realista hacia el envejecimiento.
“Garantizar una vejez digna, segura y respetada no es un acto de caridad. Es el espejo donde se mirará el futuro de Puerto Rico”, concluyó Edwin García Feliciano.
