La Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara de Representantes inició una revisión sobre el funcionamiento de los peajes y los denominados carriles dinámicos o “expresos” en varias autopistas del país, incluyendo las tarifas variables que pagan conductores en rutas de alto tránsito.
Como parte de la investigación, al amparo de la Resolución de la Cámara 105 el presidente de la comisión, el representante Edgar Robles Rivera, realizó un requerimiento formal de información a Metropistas y a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), con el propósito de examinar el contrato de concesión, la fijación de tarifas y la supervisión del sistema de peajes.
Entre los aspectos bajo revisión figura el sistema de carriles dinámicos (DTL, por sus siglas en inglés), actualmente utilizado en segmentos de las autopistas PR-22 y PR-52, donde los costos fluctúan según el volumen de tránsito.
El legislador explicó que las tarifas en estos carriles pueden variar entre $1.95 y $5.85, con cambios en cuestión de minutos dependiendo de la congestión vehicular. La principal preocupación gira en torno a cuán transparentes son esos ajustes y qué nivel de supervisión mantiene el gobierno sobre el modelo de cobro.
“En específico, se solicitó que se explique cómo se determinan las tarifas de peaje, qué participación tiene el gobierno en esas decisiones y si se están cumpliendo los términos del contrato”, explicó Robles Rivera.
La Cámara también solicitó detalles sobre posibles penalidades por incumplimientos contractuales y el cumplimiento del operador privado con los términos de la concesión.
La revisión incluye las principales vías operadas bajo acuerdos de peaje, entre ellas la PR-22 (San Juan-Hatillo), PR-52 (San Juan-Ponce), PR-5 (Guaynabo-Bayamón), PR-20 (Guaynabo-Caguas), PR-53 (Fajardo-Yabucoa), PR-66 (Carolina-Río Grande) y el Puente Teodoro Moscoso.
El tema de los peajes dinámicos ha generado cuestionamientos entre conductores debido a la variabilidad de costos y la dificultad para anticipar cuánto terminarán pagando en horas de congestión, particularmente en rutas metropolitanas de uso diario.
La investigación busca determinar si los procesos de cobro y ajustes tarifarios responden a criterios claros y si el sistema ofrece suficiente transparencia para los consumidores.
“Aquí el consumidor no puede estar a ciegas. La gente tiene que saber cuánto va a pagar y por qué lo está pagando”, concluyó Robles Rivera.
